Aeropuerto de AMLO despega pese a batalla legal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este jueves el banderazo al inicio de obras para transformar la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto civil tras vencer una batalla legal que pretendía frenar el proyecto y preservar el cancelado aeropuerto de Texcoco. 

El miércoles, un tribunal federal revocó el último recurso legal que mantenía suspendidas las obras de construcción en Santa Lucía, a unos 45 kilómetros (28 millas) de la capital mexicana.

López Obrador se mostró este jueves complacido por el arranque de la "histórica" obra que, dijo, ha de inaugurarse en marzo de 2022. 

"Consideramos que esta era la mejor opción y está fue la mejor decisión porque va a costar menos, no podemos hacer obras faraónicas habiendo tanta necesidad en México", dijo López Obrador al inaugurar las obras en la terminal aérea, ubicada en el Estado de México, colindante con la capital. 

Explicó que con la construcción de esa obra se ahorrarán unos 120,000 millones de pesos (unos $6,258 millones), y su costo real será de 75,000 millones de pesos (unos $3,911 millones). 

El mandatario expuso que el aeropuerto de Santa Lucía operará a la par con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con la terminal aérea de Toluca, también en el Estado de México, y entre los todos tendrán disponibles seis pistas con tres, dos y una, respectivamente. 

"Será un sistema aeroportuario metropolitano", apuntó.

Aseguró que con esa obra México tendrá "un sistema aeroportuario suficiente, para muchos años, unos 80 estimaron los especialistas, y sin interferencia". 

El mandatario apuntó que las Fuerzas Armadas, que estarán a cargo de la construcción, tienen capacidad de ejecución operativa e ingenieros profesionales. 

Un alud de amparos 

El inicio de las obras estuvo detenido y sufrió un retraso debido a que el colectivo #NoMásDerroches -conformado por varias organizaciones sociales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)- mantuvo una batalla legal con el actual Gobierno de México para frenar la remodelación de la base militar. 

A finales de septiembre, López Obrador explicó su gobierno tomó la decisión de que la construcción de la obra era un tema de "seguridad nacional porque el sabotaje (legal) era evidente" y ese recurso iban presentar ante la justicia. 

Aunque no los mencionó directamente, este jueves el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, se refirió a los amparos interpuestos "como impedimentos legaloides", los cuales, dijo, fueron superados. 

Y ahora se tendrá un aeropuerto sin lujos pero "complementario, austero, decoroso, funcional, seguro, digno y moderno". 

En entrevista, Gerardo Carrasco, abogado integrante del colectivo #Nomásderroches, consideró este jueves que el hecho de que ya no haya restricción judicial alguna no significa que no existan impedimentos legales. 

Por ejemplo, explicó que el Ejército legalmente no puede construir un aeródromo con "vocación civil", y alegó que si bien ya existe un estudio ambiental para la construcción del aeropuerto, hay ciertos condicionante en esta autorización que todavía no se han acatado. 

Detalló que todavía quedan por resolver muchos amparos. Y si bien ya no se podrá suspender la obra mientras duran los juicios, sí podría darse una sentencia definitiva que impida su construcción, aunque esta reconoció que podría tardar "mucho tiempo" en darse. 

El fin de la obra estrella de Peña Nieto 

Tras una polémica consulta ciudadana realizada en octubre de 2018, López Obrador decidió cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) -que llevaba un 30% de avance en el municipio de Texcoco- y transformar la base militar de Santa Lucía en aeródromo civil, alegando que sería menos costoso y más respetuoso con el medioambiente. 

El NAIM era la gran obra pública del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero según López Obrador era una infraestructura que ejemplificaba la corrupción en México por su opaco esquema de financiación y cuyo costo sería de alrededor de 300,000 millones de pesos, unos $15,6590 millones.

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