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El Salvador vive una epidemia de jóvenes desplazados por la violencia, dicen expertos

San Salvador, 1 jul (EFE).- La "violencia generalizada" que El Salvador vive no solamente ha llevado a que los índices de asesinatos superen los niveles de epidemia, sino que, además, propicia que otros fenómenos, como el desplazamiento forzado de jóvenes, marquen cifras igualmente alarmantes, dijeron dos expertos a Efe.

La oficial regional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado de la organización centroamericana Cristosal, Rina Montti, explicó que entre 2016 y marzo de 2018 registraron un total de 675 niños, adolescentes y jóvenes menores de 25 años que tuvieron que huir de sus hogares por la criminalidad.

Señaló que esta situación "alarmante" afecta principalmente a los niños entre cero y 11 años de edad, dado que representan el 41,3 por ciento de estos desplazamientos y le sigue el grupo de entre 18 y 25 años de edad con el 38,1 por ciento del total.

En último lugar se ubican los adolescentes, que representan el 20,6 por ciento de los desplazados, de acuerdo con las cifras que la citada organización plasmó en su informe "Generación sin retorno", presentado el pasado 20 de junio.

Pese a que los niños son el grupo con un mayor número de víctimas, Montti sostuvo que el fenómeno ha llegado a niveles de epidemia en el caso de los jóvenes de hasta 25 años de edad.

Sostuvo que han calculado una tasa de 10,1 jóvenes de entre 18 y 25 años por cada 100.000 habitantes de ese rango de edad que se han desplazado forzosamente por la inseguridad.

Montti acotó que en el caso de los hombres la cifra es de 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que el dato de las mujeres "está pateando la epidemia" con una tasa de 9,5 por cada 100.000 habitantes.

Estas edades, de acuerdo con otros estudios, también concuerdan con el grueso de las personas que son víctimas de la mayoría de crímenes en el país centroamericano, principalmente el homicidio.

"Somos un país con población muy joven y también tendría sentido que las familias (desplazadas) tuvieran entre sus miembros a personas de estas edades", sostuvo Montti.

Explicó que las principales razones por las que estas familias deben abandonar sus comunidades son amenazas, homicidio de algún familiar, intento de homicidio contra alguien de la familia, lesiones y reclutamiento forzado de las pandillas.

Detalló que las "víctimas directas" de estos hechos son precisamente los jóvenes con un 44,9 por ciento, seguidos de los niños y al final los adolescentes con el 35,4 y 19,6 por ciento, respectivamente.

Los principales victimarios son las pandillas, que tienen más de 60.000 miembros a nivel nacional y aproximadamente el 10 por ciento de la población es afín a estas, según la Fuerza Armada. Los otros dos principales grupos que el estudio de Cristosal logró identificar son la Policía y el Ejército.

"Una buena parte de los policías están extorsionando a las familias a cambio de no llevarse a sus hijos, que pueden ser sospechosos de ser pandilleros", manifestó Montti.

Por su parte, el coordinador de Litigio Estratégico de Cristosal, Julio Magaña, aseguró que esta participación de las fuerzas de seguridad en los desplazamientos forzados se debe a que "la política de persecución penal atenta o vulnera a la población joven y adolescente".

"Ser joven en El Salvador se vuelve un crimen", planteó el experto, quien señaló que estos niños y jóvenes tampoco son atendidos de una forma correcta por las instituciones estatales, dado que el Gobierno no reconoce oficialmente el fenómeno.

"La falta de reconocimiento del desplazamiento forzado genera falta de políticas, de programas de acción y de planes para atender a la niñez y adolescencia", situación que genera una "doble vulneración", añadió.

Por otra parte, apuntó que a esto se suma que las competencias de las dependencias del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) en los territorios "no son las adecuadas para poder brindar una ayuda a una problemática social", porque "brindan apoyo para derechos humanos individuales".

El sitio en internet del CONNA explica que estas juntas "se encuentran en todo el país para defender los derechos de cada una de los niños y adolescentes" y reacción "ante la amenaza o violación a derechos".

Magaña explicó que como consecuencia de estas limitaciones existe un "abordaje aislado para brindar apoyo a la niñez desplazada" y "hace que estos esfuerzos sean insignificantes".

"Hay una violencia estructural ocasionada por el crimen organizado (pandillas) y una violencia por parte del Estado al no brindar una atención específica", subrayó el miembro de Cristosal.

También advirtió que la vulneración de "las bases principales de la niñez y adolescencia hace que haya un decrecimiento en el país y, por lo tanto, genera mayor violencia, mayor desigualdad".

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