LIMA, Perú - Tan solo ocho meses después de haber asumido el cargo, el presidente Pedro Castillo se convertirá en el segundo jefe de Estado peruano en ser sometido a un juicio político en menos de dos años y corre el riesgo de ser destituido en medio de una crisis que amenaza la estabilidad social y económica del país.
Cuando el izquierdista Castillo asumió la presidencia el 28 de julio de 2021 sabía que tenía medio país en contra sentado en el Congreso, en las bancadas de las agrupaciones derechistas Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos y Avanza País, que no le perdonarían haber alcanzado el Ejecutivo por muy estrecho margen sobre Keiko Fujimori.
Varios de estos grupos anunciaron públicamente que su estrategia sería destituir a Castillo a la primera oportunidad y así lo intentaron al poco tiempo de su llegada a la Presidencia, aunque en ese momento no contaron con los votos para debatir la propuesta.
Sin embargo, todos los analistas coincidieron en que era cuestión de tiempo para que la oposición más radical encuentre el momento y los argumentos para intentar retirar a Castillo de la Presidencia, tal como ocurrió con Martín Vizcarra en noviembre de 2020 por una presunta "incapacidad moral".
EL RACISMO DE FONDO
"En esta vacancia no solo están los enormes errores que Castillo ha cometido, las acusaciones de corrupción, está también todo lo que él representa: cómo es que un cholo está en el poder. Y en un país tan racista, eso es", declaró a Efe la politóloga Gelin Espinoza.
En partidos como Renovación Popular o Acción Popular, de la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, "la imagen preconcebida de que Pedro Castillo es incapaz de gobernar está dada", agregó.
Sin embargo, la responsabilidad de la grave crisis política en el Perú también es consecuencia compartida entre el jefe de Estado, y el desempeño del partido de extrema izquierda Perú Libre, que lo llevó a la presidencia sin ser su militante e intentó alejarlo de otros grupos políticos.
Para Espinoza, "la izquierda más radical no ha sido capaz de entrar en diálogo y creo que es una de las razones por las cuales podemos estar diciendo que el Gobierno de Castillo está fracasando".
El jefe de Estado ha tenido muchas complicaciones para nombrar un gabinete desde el inicio de su gestión, donde incluyó a representantes de otros grupos de izquierda progresista, y luego ha preferido a líderes sindicales y personajes con antecedentes judiciales, que son motivo de mayores críticas, en los cuatro gabinetes de ministros formados hasta la fecha.
"La forma en que Castillo ha estado negociando estos ingresos (de ministros) ha sido bastante torpe y ahí es donde ves que no tiene una lectura política, que es un neófito en esto", opinó Espinoza.
Castillo ha intentado dirigir sus acciones hacia las regiones, pero los actores de mayor peso político están en Lima porque Perú es "un país centralista, (pero) aún no entiende esto", subrayó la investigadora.
Si bien, el último Consejo de Ministros, encabezado por el jurista Aníbal Torres, recibió el voto de investidura, el Legislativo programó de inmediato la interpelación de dos de sus ministros más cuestionados, el de Salud y el de Justicia, y ahora la misma destitución de Castillo para el día 28 de marzo.
Esta actitud revela que el Parlamento sigue un libreto similar al de sus antecesores: mantener sus puestos a toda costa, aún dando el voto de confianza a un Ejecutivo que bombardean continuamente.
UN CONGRESO ATORNILLADO
Así lo observó el exdefensor del pueblo Walter Albán al comentar que "hay formas más honestas, principistas y prácticas para enfrentar una mala política del Ejecutivo, pero si la prioridad es 'permanezco en mi puesto', transo lo que sea".
"Ante eso, la población tiene un rechazo casi absoluto a toda la clase política", declaró Albán al diario La República.
Sin apoyo partidario y con una ciudadanía cansada del fracaso de los políticos, Castillo se enfrenta a una eventual destitución si no logra acuerdos con grupos cercanos o moderados como Juntos por el Perú, Partido Morado, Somos Perú o Alianza para el Progreso.
No obstante, el futuro político del país seguirá siendo incierto en el mediano plazo, con las evidentes consecuencias para el funcionamiento del aparato estatal y la reactivación económica después de dos años de pandemia.
SIN ESTABILIDAD POLÍTICA
"Creo que la salida de Castillo no va a garantizarnos absolutamente nada y tampoco siento a Castillo que tenga la fortaleza para cerrar el Congreso, o hacer algo por el estilo, porque no tiene el apoyo de las fuerzas armadas", opinó Espinoza.
El escenario político será "bastante inestable", con o sin Castillo, pues como anticipó el primer ministro si el mandatario es destituido "nadie sabe quién va a ser presidente, ni siquiera la vicepresidenta (Dina Boluarte) puede estar segura".
Torres ha reiterado que para la clase política que busca la destitución "ninguno" de los personajes que participan en el actual Gobierno "tiene las condiciones para ser presidente" porque no reúnen "las características raciales que ellos probablemente tienen".
